CLAUDIA MIZAWAK SEGÚN GABRIELA LENA O DE CÓMO NO SE PUEDE ESTAR EN TRES LUGARES A LA VEZ.

Los vuelos de Claudia Mizawak

¿Qué se denunciaba? Algo tan simple como fácil de comprobar. Que tanto Chiara Díaz como Mizawak argumentaban tener que viajar para representar al Superior Tribunal de Justicia cuando en rigor se pudo probar que en ambos casos el destino final de sus viajes tenía que ver con ocupaciones personales. Esos viajes se financiaron con fondos públicos, y «Claudia Mizawack utilizaba los viáticos para vacacionar» como denunció la diputada Gabriela Lena.

Entre las pruebas que acumuló la Cámara de Diputados aparecen constancias de Migraciones que evidencian que Mizawack decía viajar a Buenos Aires cuando figuran las constancias del embarque en Buquebús para cruzar al Uruguay, donde ninguna actividad protocolar tenía lugar. O cruzar a Chile para conocer el país trasandino cuando su estadía marcaba que debía estar en un Congreso en Salta.

Frente a estas constataciones, para Lena el único camino para recuperar la confianza en el Poder Judicial es «la renuncia de Mizawak». Un pedido que crece entre los legisladores de la oposición y varios actores vinculados a la Justicia entrerriana.

Relaciones peligrosas

Los lazos que unen a la actual Presidenta del máximo órgano judicial de Entre Ríos con el poder político llega hasta el punto de haber iniciado una investigación que liga al marido y la hija de Claudia Mizawak con algunas empresas vinculadas a Sergio Urribarri. En Radio Franca la diputada de Cambiemos afirmó que «si bien los vínculos societarios directos necesitan de más pruebas, quedó constatado en el expediente que el padre de la Presidenta del Tribunal y su hija son accionistas de empresas constructoras vinculadas con empresarios como Miguel Marizza que, se sabe, ha sido depositario de gran parte de la obra pública durante los años de Sergio Urribarri». Se trata de la firma Construyendo S.A.y Residential S.A. que, de paso, tienen domicilio fiscal en Junín 658, Piso 6o, Torre B, oficina A, de Capital Federal, donde también figuran las empresas de la familia Urribarri: Kriptax y Agro Premium S.A.

Por estas y otras razones, como confirmó la diputada de Cambiemos Gabriela Lena, «no tengo dudas que en el proceso de juicio político contra Chiara Díaz y Mizawack hubo criterios diferentes para evaluar casos muy similares», lanzó en Radio Franca.

El cerco de impunidad

Para la legisladora de la oposición, «la contundencia de las pruebas eran mayores incluso en el caso de Mizawak», por lo que «no me quedan dudas que se trató de un intercambio de favores en busca de impunidad», sentenció Lena al referirse a las razones por las cuales se desestimó el Juicio Político a la magistrada.

Se trata del último cerco de impunidad que construye la corporación política liderada por Sergio Urribarri, hoy acuciada por diversas causas judiciales que avanzan a pesar de los intentos por bloquear las investigaciones. Para Lena y el abogado Rubén Pagliotto ya no hay dudas que las gestiones de las que se ocupó personalmente Urribarri en la Cámara de Diputados para lograr los votos necesarios que cancelen el juicio político a Mizawak forman parte de un Pacto de Impunidad. Ese pacto tendrá retornos en el momento en que las causas que investigan a la familia Urribarri lleguen a manos del Superior Tribunal de Justicia, argumentan quienes siguen de cerca la evolución de las causas.

No es casual que, frente a pruebas con la contundencia de las que exhibió Cambiemos en la Cámara de Diputados, se hayan abroquelado diferentes actores políticos cuestionados e investigados para dejar a salvo a la acusada. Ahora, la «pelota» está en manos del Procurador General de la Provincia, el uruguayense Jorge Amílcar «Coque» García, que deberá resolver si da curso a las denuncias y pruebas presentadas contra Mizawak o, caso contrario, ceder a las presiones del bloque de Impunidad que intenta evitar quedar tras las rejas.