Los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, los abogados Javier Baños, Fernando Burlando, Leopoldo Cappa y Miguel Ángel Cullen, plantearon un habeas corpus para conseguir la libertad de ambos condenados por delitos de corrupción. Fue este miércoles por la mañana en una audiencia ante la jueza Carola Bacaluzzo, que tomará una decisión a las 15.
Conectado mediante videoconferencia desde Buenos Aires, el mediático abogado Fernando Burlando pidió que se restituya a Urribarri a las condiciones anteriores. Es decir, que lo saquen de la Unidad Penal N°1 de Paraná (a donde fue alojado ayer tras la resolución de Casación) y vuelva a su domicilio de Concordia con restricciones a la libertad.
Burlando habló con “conceptos terrenales, humanos”. Dijo que Urribarri sufrió un “acto de arbitrariedad”. “Esta causa pasará a la historia judicial de Entre Ríos. Podrá ser usada como material de estudio, sobre todo lo que no se debe hacer”, sostuvo y aseguró que “es la demostración de cuando funcionarios judiciales se complotan para una injusticia jurídica”. Agregó que “es una causa de increíbles contradicciones, inaceptables medidas, la causa donde se fue a contramano de la ley y el derecho”.
“Se argumentó en el fallo atacado que la situación de Urribarri encuentra motivos suficientes para disponer la prisión preventiva. Nada más lejos. Se buscó desde los albores una foto y era la de Urribarri preso”. Subrayó que “la presunción de inocencia no desaparece frente a dictado una condena. Menos aún, no existiendo ningún riesgo procesal concreto, esto es lo que muestra la historia y la actitud de Urribarri. Nunca vi semejante inadmisible posición frente al tratamiento de una situación procesal de acusado. Lo de Urribarri retrotrae de un estado sin justicia, ni garantías ni derecho”.
Burlando evitó “hablar de persecución política pero se buscó y logró destruir la figura de Sergio Urribarri como político y también como persona”. “Esa búsqueda que incurre en arbitrariedades, no es el fin que persiguen las leyes cuando hablamos de cuestiones en materia penal”, acotó e hizo una especie de síntesis: “Hubo allanamientos sin testigos, actas de dudoso origen convalidadas por tribunal de sentencia, se hicieron pseudo pericias a cargo de agentes de Fiscalía, se trabaron embargos por sumas exorbitantes sin fundamentos jurídicos. Hubo un impacto mediático que fue el denominador común, se rechazaron in límine casi todos los planteos defensivos previo al inicio de aquel juicio con arbitrariedad. Como si esto fuera poco, no hubo prueba y aun así se condenó a Urribarri. Hoy se lo detuvo bajo un falaz argumento porque las pruebas dicen algo distinto, con posible entorpecimiento o riesgo de fuga. Dicen que Urribarri siempre se expresó contra la autoridad judicial. Esas situaciones son claras y concretas. Urribarri denunció a quienes lo investigaron y juzgaron, esa actitud la califica Casación como de riesgo que no va a cumplir la condena”.
De inmediato valoró que “Urribarri hizo lo que cualquier ciudadano, la obligación que se tiene en defensa de sus derechos. Hizo uso legítimo de herramientas ante irregularidades. Pregunto si esto es indicio de riesgo o fuga de entorpecimiento, si ejercer derecho es actitud de sospecha. La respuesta es que es disparate más grande que otro”. “Urribarri siempre estuvo a derecho y no hay entorpecimiento. Se mencionó como que el imputado cuenta con vínculos, sumas de dinero y que también son elementos para facilitar la fuga, que el dinero debe estar en algún lugar”.
“Evidentemente se mencionó la palabra poder que todavía tiene. El poder que tiene Urribarri es el de la honestidad. Porque cuando se lo buscó, estuvo en el lugar donde decían que debía estar. Más allá de los más de 15 mil kilómetros de distancia, de los aviones que lo alejaban, cuando conoció la sentencia en su contra lo primero que hizo fue tomarse el primer avión, volver a su país y dar la cara”, completó.