Fabi Puebla y María Luján Rossi son sobrevivientes de la masacre e integrantes del movimiento Cromañón. La noche del 30 de diciembre de 2004 Luján estaba con sus hermanos, que también sobrevivieron. Condensar en palabras el horror es difícil, sin embargo, hace un esfuerzo y describe lo que vivió como algo «muy duro, triste y doloroso», un momento en el que sintió una profunda sensación de muerte y la posibilidad de perder a sus hermanos estuvo muy cerca. Fabi había ido al recital con José Cantale, su compañero con quien convivía hacía más de cinco años y a quien perdió esa noche.
Las imágenes de madres, padres, tíxs y amigxs desesperadxs tratando de encontrar a sus seres queridxs se repiten en los medios cada 30 de diciembre pero poco se habla de las necesidades de sobrevivientes y familiares de las víctimas de Cromañón que desde hace 20 años luchan por una asistencia que esté a la altura de una verdadera reparación.
Cromañón fue inaugurado en abril del 2004 con una capacidad máxima para 1031 personas. La noche de la masacre, se estima que el número de asistentes fue más del triple. Mientras la banda Callejeros tocaba su primer tema, se encendieron unas bengalas que rápidamente iniciaron un foco de incendio que se propagó hacia arriba y derritió el poliuretano que estaba en el techo.
En pocos minutos, el lugar se llenó de un humo espeso, asfixiante, muy tóxico y se cortó la luz, lo que hizo aún más difícil encontrar una salida. De las seis puertas de ingreso, cuatro estaban cerradas con pasadores metálicos y el portón que daba a la calle solo se abría para adentro. La única salida de emergencia del lugar estaba cerrada con un candado. El sector vip también tenía una puerta de salida pero estaba sellada para que no se filtre el sonido. De los 15 matafuegos que había en Cromañón, solo funcionaban tres, la media sombra que se incendió estaba prohibida, nunca debió estar ahí. Se supo después que muchas personas murieron por inhalar el humo de ese material tóxico que se prendió fuego. El lugar no tenía ventilación, el certificado de prevención contra incendios estaba vencido y el plano electromecánico que debía tener la aprobación del Gobierno de la Ciudad no estaba firmado.
«A muchas y a muchos de nosotros nos sacó alguien que no sabemos quién es y gracias a esas personas hoy estamos vivas y vivos», dicen. La negligencia, la desidia, la falta de control, las coimas a inspectores, la habilitación ilegal, las puertas cerradas y la falta de un operativo de emergencia a seguir, del que debía encargarse el por entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue el entramado de desidia y corrupción que se llevó la vida de 194 pibas y pibes.
Los juicios a los responsables de la masacre fueron importantes para familiares y sobrevivientes que intentaron buscar justicia, sin embargo, no todos los responsables fueron juzgados: «Aníbal Ibarra debería estar inhabilitado para ejercer funciones públicas de por vida y pasar por un juicio político. Eso jamás sucedió. Logramos su destitución y eso fue producto de la lucha en las calles de sobrevivientes y familiares como también lo fue la ley de reparación», asegura Luján. Fabi, por su parte, señala que si bien hoy Ibarra tiene una condena social, siempre trata de aparecer y hacerse notar, desligándose de su responsabilidad.
¿Durante estos 20 años hubo una reparación real para sobrevivientes y familiares de víctimas?
Luján: –La realidad es que nosotras tuvimos que pelear para que existiera una ley de reparación porque solo accedíamos a ciertos beneficios por decretos que debían renovarse una vez por año, hasta que en 2013 logramos una ley de reparación que también debía renovarse pero cada tres años. La Ciudad de Buenos Aires ha sido bastante reticente a atender nuestros reclamos de apertura del padrón para que el Estado pudiera reconocer la cantidad de sobrevivientes que somos. El acceso a la salud, la asistencia psicológica, el acompañamiento en el área de educación y de inserción laboral, todo fue insuficiente e ineficiente. Después de la masacre muchos no pudieron volver a insertarse laboralmente ni en términos académicos, incluso era difícil acceder a la localización de la única farmacia donde debíamos retirar la medicación siendo que muchas y muchos sobrevivientes y familiares de víctimas dependen de la medicación para obtener cierto bienestar y de la asistencia psicológica. Todo eso falló. Nunca en estos años, el Estado abrió el padrón para sobrevivientes que no estaban siendo beneficiarios y recién este año eso se logró, pero a medias.
¿Cómo es ser sobreviviente?
Lujan: –Nosotros intentamos visibilizar que hay sobrevivientes que lamentablemente se han suicidado, pero también intentamos visibilizar que hay sobrevivientes que estando con vida tienen afecciones o enfermedades bastante duras y situaciones de vulnerabilidad psicológica que son importantes que se atiendan. El Estado sigue siendo responsable y en la medida en la que no nos atiendan, nuestras vidas se deterioran aún más y eso tiene que ver con la revictimización sistemática que se genera cuando el Estado se corre.
Fabi: –Sumado a eso, muchos sobrevivientes con los años, como consecuencia de la masacre contrajeron enfermedades que terminaron con su vida. Incluso, hay sobrevivientes que estuvieron en situación de calle, recibieron un subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad pero solo por unos meses.
Lujan: –También pedimos que agregaran al programa de salud el tratamiento de consumo problemático y eso sí lo aceptaron. Estamos hablando de que hay pibes que cuando pasó Cromañón tenían 14, 15 o 20 años y eso te impacta de tal manera que no se puede dimensionar, ni siquiera se pueden terminar de medir. Todavía hoy estamos pensando cuánto impactó Cromañón en nuestras vidas.