COSECHADORAS TRUCHAS: ¿QUÉ PASA CON ESTA CAUSA?

Aunque del tema ya no se hable más en forma pública, en los Tribunales continúa avanzando la causa que busca determinar el destino que tuvo un préstamo hecho por el Estado a un grupo empresario con el objetivo de fabricar cosechadoras de las que, de momento, no se ha tenido memoria respecto de qué destino tuvieron.

Ahora, en la Justicia entrerriana esperan el resultado de una pericia contable, que es clave en la causa que investiga el destino de los $5,5 millones  que recibió como créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA,  dinero que fue otorgado por el Gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay. La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.

La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas. El expediente, que se tramita por el sistema procesal viejo, está caratulado “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel S/ Estafa en Perjuicio de la Administración Pública”.

Hay cuatro empresarios imputados, dos ex ministros y otros dos funcionarios públicos de menor rango.  El delito que se les imputa, con diferente grado de responsabilidad, es el de defraudación al Estado, cuya pena es de dos a seis años de prisión. El expediente tramita en el Juzgado de Transición Nº 2, a cargo de Pablo Nicolás Zoff, y la investigación está en manos del fiscal Gervasio Labriola.

Pericia contable

Se supo que la fiscalía y el juez de Transición están a la espera del resultado de una pericia contable que está a cargo del perito contador del STJ María Florencia Ara. La orden de producción de la pericia llegó a manos de Ara entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2016.  Lo que analizará la profesional del STJ es si la empresa afectaba el dinero de los créditos a la producción de maquinaria. Para ello, deberá revisar la contabilidad de la firma –ya quebrada- que prometió construir las cosechadoras. El único imputado que nombró perito de parte es el ex ministro de Producción, Roberto Schunk. Nombró al contador Leonardo Iturralde.

“Una vez que esté la pericia habrá ampliaciones indagatorias a los Senor, Scravaglieri y Boll”, dijo una fuente tribunalicia con acceso al expediente. La ampliación indagatoria fue solicitada por los imputados. Superada esa etapa, el juez  Zoff debe resolver sobre la situación procesal de los empresarios y los funcionarios.

8 Imputados

En la causa por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública se encuentran imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll. Conrado Meier es el abogado de los cuatro.

También están imputados por el mismo delito el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk. Valiero cuenta con el patrocinio legal de Julio Federik y Leopoldo Lambruschini; mientras que Schunk tiene de abogado a Emilio Fouces.

Otros de los funcionarios acusados son Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna). López cuenta con la representación legal de Ignacio Díaz, mientras que Rodríguez nombró al abogado Guillermo Vartorelli.

La fiscalía considera que ambos funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras. El otro punto a develar es si los funcionarios a cargo de los controles previos al otorgamiento de los préstamos no incurrieron en un delito por omisión o si hubo una complicidad.

Créditos

El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.

La garantía del pago de los créditos del Finver eran los socios y el seguro de caución era del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

A primera vista, en la Justicia consideran que quien se encuentra más comprometido es el ex ministro de Producción, Roberto Schunk, ya que en el primer decreto se estableció en el artículo 4 que “la facultad de controlar los requisitos imprescindibles y la marcha de la gestión y utilización del crédito”, correspondía a su cartera, conjuntamente con el Finver.

Las negociaciones entre los empresarios Senor y el Estado entrerriano comenzaron en 2009. Un primer encuentro se llevó a cabo con el entonces vicegobernador, José Eduardo Lauritto, actual intendente de Concepción del Uruguay. Aquella vez los empresarios presentaron un proyecto de “inversión” para dar trabajo en la provincia con la instalación de la empresa en estas tierras.

 

En agosto de ese mismo año, Lauritto mantuvo otro encuentro con los empresarios, esta vez acompañado por funcionarios provinciales y del municipio de Concepción del Uruguay.  En noviembre, el entonces gobernador Urribarri recibió a un representante de la firma para definir la radicación de la fábrica de cosechadoras en La Histórica. Luego llegarían los créditos: el de noviembre de 2009 por $ 574.500; el de 2011 por $ 4.000.000 y el de 2012 por $1.000.000.

En marzo de 2012, la empresa del Grupo Senor da a conocer la firma de un convenio de venta de 18 cosechadoras Maag Mitos (valuada en más de 300 mil dólares), además de tolvas y plataformas en la República de Angola, en un viaje promocionado por los gobiernos nacional y provincial.

El 13 de marzo, la entonces presidente Cristina Kirchner y Urribarri se trepan en el prototipo de cosechadora que se exhibe en la Casa Rosada. La escena es transmitida por la TV Pública. Allí, funcionarios y empresarios reiteran que era una realidad el acuerdo para venderle cosechadoras a Angola. El 29 de abril de ese año, los periodistas Jorge Lanata  y Matías Longoni, presentan un informe en el programa “Periodismo para Todos” en el que ponen al descubierto la trama de las “cosechadoras truchas”. El 6 de mayo de 2012, Lanata y compañía emiten el segundo informe: “El verso de las máquinas cosechadoras”. Luego de las publicaciones nacionales y la de periodistas entrerrianos, el abogado Guillermo Mulet presenta una denuncia que inicia la causa en la Justicia.

La empresa se presentó en concurso preventivo el 18 de septiembre de 2012. El juez en lo Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, designó como síndico al contador Horacio Larrivey, quien formuló un duro informe sobre la situación de la empresa. Entre otras cosas, Larrivey cuestionó “la irresponsable asistencia financiera”, a una empresa que no era solvente.  El síndico advirtió que Grandes Máquinas estaba en cesación de pagos desde el 1º de diciembre de 2011 y que aún así, el Finver le desembolsó créditos en 2012. El juez dispuso la quiebra de la firma el 14 de marzo de 2014. Para entonces, el Ministerio Público Fiscal ya había imputado a los empresarios y comenzaba a mirar el accionar de altos funcionarios provinciales.

FUENTE: Entre Ríos Ahora.